Quito, 4 dic (EFE).- Las autoridades de Ecuador ordenaron la retención de fondos bancarios del presidente de la Federación de Fútbol del país andino, Luis Chiriboga, y de otras dos personas, una de las cuales también fue detenida con fines de investigación, informó hoy el fiscal general, Galo Chiriboga.
En rueda de prensa, el fiscal indicó que el Ministerio Público ha conseguido autorización judicial para la retención de fondos de las cuentas personales dentro de la investigación en relación con las presuntas implicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el caso de supuesta corrupción en la FIFA.
Puntualizó que se detuvo a una persona «con fines de investigación para fortalecer alguna de las informaciones que ya tenemos».
El fiscal detalló que en el caso están «investigados: tres; detenidos: uno y esperamos que, como se ha ofrecido la cooperación de uno de ellos, se haga presente el día de hoy para informar sobre los hechos que ofreció».
La fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, anunció ayer nuevas acusaciones de corrupción a 16 altos cargos y exdirectivos de la FIFA, máximo órgano de dirección del fútbol mundial, entre los que figura el presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien ayer declaró que no piensa renunciar a su cargo y que colaborará con la justicia.
El fiscal apuntó hoy que «sería muy adecuado que el señor Chiriboga se presente y nos de la información que tiene. Eso sería una cooperación que sale del discurso al hecho práctico».
Galo Chiriboga indicó a Efe que prevén que en las próximas horas sea detenida una persona más dentro del proceso que adelanta la Fiscalía, que ayer abrió una indagación previa sobre el asunto en torno al cual la institución que dirige recaba información desde mediados de año.
Subrayó que la investigación gira en torno a posibles delitos cometidos «en territorio ecuatoriano».
«Si hay algún delito relacionado a estos mismos hechos en el exterior, esos delitos tendrían que ser investigados en esos países, concretamente Estados Unidos o cualquier otro país», dijo.
Recordó que, de acuerdo al sistema constitucional del país, Ecuador «no permite la extradición de ciudadanos ecuatorianos pero asume la responsabilidad de investigar los delitos que incluso los ecuatorianos hayan cometido en el exterior para procesarlos aquí».
