Lima, 8 jun (EFE).- La comisión de fiscalización del Congreso de Perú determinó que existen «indicios razonables» de que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, cometió un presunto delito de lavado de activos durante su gestión al frente del máximo organismo del fútbol peruano.
La comisión parlamentaria aprobó por mayoría el informe final de su investigación a las presuntas irregularidades de Burga cuando estuvo a cargo de la FPF y lo pondrá a disposición de la Fiscalía para que lo considere en la investigación que tiene abierta actualmente contra el exdirigente.
El presunto lavado de activos cometido por Burga se dio en la modalidad de «ocultamiento y tenencia» a partir de acciones ilícitas como fraude en la administración de una persona jurídica y defraudación tributaria, entre otros delitos menores.
«(Burga) también habría facilitado el establecimiento de las condiciones favorables para el irregular desvío de los recursos dinerarios de la Federación Peruana de Fútbol», añadió el informe.
Además de a Burga, el documento final de la investigación también incluye como autores del presunto delito de defraudación tributaria en agravio del Estado a otros investigados como Máximo Franco, Edgar Araníbar y Pacheco Farromeque.
Burga se encuentra encarcelado de manera preventiva desde diciembre y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la FIFA.
El Poder Judicial de Perú aprobó la extradición de Burga por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, uno de los tres delitos que le imputa Estados Unidos, ya que los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero fueron desestimados por los magistrados peruanos que valoraron el pedido de extradición.
El expresidente de la FPF se encuentra entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.
Burga se desempeñó como presidente de la FPF entre 2002 y 2014, cuando declinó optar a un cuarto mandato consecutivo bajo sospechas de corrupción y en medio de acusaciones por presuntamente contravenir las normas de la Federación, que solo contemplaban dos reelecciones.
En el momento de su detención ejercía el cargo de coordinador general de proyectos de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La investigación de la Fiscalía estadounidense contempla sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
